El juez federal Julián Ercolini envió a juicio oral a la actual senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en la adjudicación de obra pública.
El juez federal Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral y público la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por fraude con la obra pública.
Lo dispuso a partir del pedido del fiscal Gerardo Pollicita con lo cual elevó el expediente a un Tribunal Oral Federal para que someta a juicio a los exfuncionarios.
La causa se originó en 2016 por denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, y ahora van a juicio también el exministro de Planificación Federal Julio de Vido; el empresario detenido Lázaro Báez; al ex secretario de Obras Públicas José López; al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y a Martín Báez.
Carlos Kirchner está detenido porque supuestamente osbstruyó la investigación al declarar un domicilio inexistente así como por querer sacar fondos de una cuenta embargada por la Justicia; en tanto que De Vido está detenido desde el año pasado por otras dos causas, una de ella por la importación de gas licuado a nuestro país; y Báez en la causa por lavado de dinero conocida como la «ruta del dinero k».
Según la acusación fiscal, «se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos».
Se trató de una maniobra con una «estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial».
Los fondos públicos fueron girados a Valle Mitre, empresa de Báez, y eran «remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos» por el alquiler de plazas hoteleras.
«Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez», según el fiscal Pollicita.
Incluso, se indicó que De Vido montó una estructura dentro del Ministerio de Planificación Federal para direccionar la obra pública a favor de Báez.
El juez Ercolini rechazó los planteos de nulidad contra la elevación a juicio hechos por parte de De Vido, Lázaro Báez y otros imputados, en tanto que Cristina Kirchner no se había opuesto solicitando ir cuanto antes a debate.
Ahora, el caso queda en manos de un tribunal oral que tiene que realizar una instrucción suplementaria y luego fijar fecha de inicio de este caso.
Fuente NA
